Jóvenes por la Igualdad (Jxi), en la CC-ARI, adhiere y colabora con la campaña "Todos por los glaciares".Los glaciares hoy se ven amenazados por un número cada vez mayor de grandes proyectos mineros que avanzan sobre áreas glaciares y periglaciares. Es preciso que ese proceso de destrucción se detenga de inmediato.
El Gobierno Nacional está demorando la aplicación de la “Ley de Glaciares”, aprobada en septiembre de 2010. Esta ley debe comenzar a ejecutarse sin más demoras e iniciarse de manera urgente las auditorías ambientales sobre los proyectos mineros en ejecución.
Completá el formulario a continuación para sumarte a nuestro pedido:
Yo quiero la plena vigencia de la Ley de Glaciares en todo el país, la urgente realización de las auditorías ambientales y el levantamiento de las medidas cautelares presentadas por la empresa Barrick.
Acceso al formulario en:
http://www.fernandareyes.com.ar/index.asp?seccion=glaciares
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| Fernanda Reyes |
Pero no podemos hablar del estado de nuestros recursos naturales sin hacer referencia al saqueo económico, a la impunidad de los gobiernos y de la justicia, a la indefensión de aquellos que luchan contra las grandes corporaciones y a la consecuente ausencia explicita de cualquier política ambiental. La ausencia del estado no es una omisión negligente, sino que es una acción cómplice que permite la degradación ambiental y la extracción depredatoria de nuestros bienes comunes.
En este marco de negligencia y complicidad gubernamental, en donde la corrupción es la contracara de la contaminación, desde la Coalición Cívica - ARI trabajamos con el objetivo de otorgar visibilidad a los conflictos ambientales, generar herramientas para resolverlos, crear mecanismos legales para la defensa del ambiente, investigar y denunciar las omisiones y acciones irregulares de los funcionarios públicos, establecer la defensa del ambiente y de nuestros bienes comunes como una prioridad en la agenda del debate político y parlamentario, y actuar como resortes institucionales para las víctimas de las políticas estatales erradas, inexistentes, cómplices o delictuales.
La Argentina ha comprometido seriamente su soberanía respecto del manejo de los recursos naturales estratégicos y no renovables y el gobierno actual ha profundizado un modelo de neto corte extractivista que atenta directamente contra el ambiente.
El ejemplo más claro y notorio es el avance de la gran minería métalifera a “a cielo abierto”, una de las actividades más contaminantes y agresivas al ambiente, que importa un verdadero saqueo económico, provoca un debilitamiento de las instituciones democráticas, y grandes conflictos sociales.
En este marco de negligencia y complicidad gubernamental, en donde la corrupción es la contracara de la contaminación, trabajamos con el objetivo de otorgar visibilidad a los conflictos ambientales, generar herramientas para esolverlos, crear mecanismos legales para la defensa del ambiente, investigar y denunciar las omisiones y acciones irregulares de funcionarios públicos, establecer la defensa del ambiente y de nuestros bienes comunes como una prioridad en la agenda del debate político y parlamentario, y actuar como resortes institucionales para las víctimas de las políticas estatales erradas, inexistentes, cómplices o delictuales.
Por esta razón creemos fundamental modificar el andamiaje jurídico minero, la introducción de un capítulo ambiental al Código penal, la creación "Fiscalías Ambientales" en el ámbito judicial, desarrollar y ejecutar un "Plan Nacional de Saneamiento de las Aguas de Superficie", un “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y mitigación de los gases de efecto invernadero”, un “Plan Nacional de Ordenamiento Territorial”, y un “Plan Nacional de uso sostenible de los suelos”.
En este, hay dos leyes cuyo cumplimiento irrestricto es prioridad: la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, dos leyes que el Gobierno Nacional no sólo no aplica, sino que atenta directamente contra ellas.
Es prioritario seguir trabajando para que la sociedad en su conjunto y los agentes institucionales de las distintas esferas decisorias, adopten una conciencia crítica en relación al actual modelo de desarrollo, y para romper con la red de relaciones espurias entre funcionarios públicos y empresarios. El trabajo mancomunado entre el sector político, organizaciones sociales, intelectuales y la sociedad en su conjunto es indispensable para la defensa de uno de nuestros principales recursos: el agua.
* Lic. Fernanda Reyes - Diputada Nacional (Coalición Cívica –ARI)
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