Novedades CC:

El Estado y el Gobierno argentino agravian al Estado, Gobierno y pueblo chileno al negar la extradición de Sergio Apablaza
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010.

Fernanda Reyes (CC-ARI): “La dignidad resultó más fuerte que el poder del lobby minero”
30/9/2010 - Sanción de la ley de glaciares

Apoyo a la autoridad política del Presidente Rafael Correa
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010.

Coalición Cívica: “Hoy es un día histórico para la defensa de los recursos naturales, se aprobó la Ley de Glaciares y en Río Negro la primera Ley de protección de la tierra para los argentinos”
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010.

Fuente: Prensa CC
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Ecuador: Repudiamos el intento de Golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa

Desde Jxi Córdoba repudiamos el intento de golpe de Estado contra el presidente constitucional Rafael Correa y exigimos su libertad plena. Tambien nuestra total solidaridad como argentinos con el pueblo Ecuatoriano, en este dificil momento.

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A continuación, la posición de la CC ante este intento de golpe de Estado:

Apoyo a la autoridad política del Presidente Rafael Correa

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2010.

La Mesa Nacional de la Coalición Cívica que preside la diputada Nacional Elisa Carrió expresó hoy su profunda preocupación por los hechos de violencia que se están produciendo en el hermano país de Ecuador y aboga por una rápida solución pacífica dentro del marco institucional y democrático frente a la postura asumida por personal policial y militar de las Fuerzas Armadas de ese país.

Desde nuestra fuerza política afirmamos nuestro apoyo a la autoridad política del Presidente Rafael Correa, al mantenimiento de la institucionalidad del Ecuador y la convivencia democrática de su pueblo.
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Fuente: Apoyo a la autoridad política del Presidente Rafael Correa - Prensa CC - 30/09/10
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Nota de Opinión de Jxi: El acceso a la Vivienda en la CABA, en la capital del país.

Nota de Opinión de Jxi...

"El acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires: políticas actuales y desafíos pendientes"

La política habitacional es uno de los grandes temas pendientes en la Ciudad de Buenos Aires. Medio millón de personas vive en situación de emergencia habitacional, padeciendo graves problemas relacionados con el acceso a la vivienda y condiciones de habitabilidad en general.

En la actualidad, existen 15 villas de emergencia y 25 asentamientos informales, en los cuales viven aproximadamente 250.000 personas (según proyecciones tomando como base los últimos censos realizados por el Gobierno de la Ciudad).

Ante esta situación, era necesario el diseño y la planificación de una política habitacional integral, con la ejecución de un presupuesto acorde para paliar el déficit habitacional que viene creciendo en la Ciudad durante los últimos 10 años.

Sin embargo, cuando asumió Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, no solo no tomó ninguna medida, sino que profundizó los problemas en el área de vivienda.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo encargado de planificar y ejecutar las políticas habitacionales definidas por el gobierno porteño para dar respuesta definitiva a los problemas de vivienda de los sectores de menores recursos de la Ciudad, ha tenido en este primer semestre del año una ejecución del 6.4% de su presupuesto total ($409.000.000), o sea, solo $26.000.000, una cifra irrisoria si tenemos en cuenta la cantidad de familias que a diario habita en unidades deficitarias, recurre a soluciones informales de vivienda y no puede acceder al crédito, entre otras variables.

Asimismo, a través de la firma de convenios de mandas, la actual gestión de gobierno ha comenzado a descentralizar y fragmentar la política de vivienda, transfiriéndole, por ejemplo, la competencia de la planificación en cuanto a la urbanización de villas y asentamientos del sur de la ciudad a la Corporación Buenos Aires Sur, una empresa del Estado y delegando los problemas de emergencia de estos mismos núcleos habitacionales en una Unidad de Gestión dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. No sólo no existe una política de vivienda integral para la Ciudad sino que además se la pretende dividir.

Otro de los graves problemas que presenta la ciudad son las políticas dirigidas a la atención de la emergencia habitacional, que tienen su centro en el Ministerio de Desarrollo Social. Los programas contemplados para contener los casos de emergencia no son efectivos y sólo sirven para paliar la situación transitoriamente, generando un cúmulo de beneficiarios de dichas políticas, los cuales se transforman en cautivos de un subsidio habitacional de $700 mensuales durante diez meses como máximo, única respuesta que ofrece el estado local.

Motorizado por los negocios que se encuentran detrás de los predios desalojados, el avance desmedido sin coordinación entre Nación y Ciudad, y sin la conformación de una alternativa de vivienda (ya que los subsidios son por tiempo limitado, los montos no alcanzan para el alquiler de una unidad de vivienda y en la mayoría de los casos no dejan ingresar a familias con hijos a los hoteles pensiones) se genera que gran cantidad de familias se encuentren automáticamente en situación de calle, víctimas de la falta de políticas públicas económicas y sociales que resuelvan el problema.

Desde que comenzó la actual gestión de gobierno, aumentó considerablemente el número de desalojos en la ciudad. Este fenómeno fue provocado a través de reformas legislativas que hacen más expeditivo estos procesos como así también, gracias a una clara voluntad política de recuperar ciertos espacios u edificios que poseen un alto valor inmobiliario, a costa de que gran número de familias queden en situación de calle y sin ningún tipo de respuesta por parte del estado, más que el subsidio mencionado y eventualmente algún dispositivo como los paradores.

En estos casi 3 años de gestión no se ha podido ver ni un solo avance en cuanto a las políticas de vivienda estructurales ni la intención de diseñar una política habitacional integral. Por el contrario, se ha buscado fragmentar el diseño de políticas existentes agudizando la situación de emergencia y profundizando los problemas históricos que en materia de vivienda la ciudad posee.

¿Todas las personas deben tener acceso a la vivienda? ¿Qué significa eso?

En principio esta pregunta tiene una respuesta afirmativa, sin embargo, en una jurisdicción con recursos limitados-pese a ser uno de los distritos más ricos del país- debe existir una política dirigida a brindar en principio, vivienda o soluciones habitacionales a aquellos que se encuentren en determinadas situaciones específicas.

El gobierno local, a la hora de gestionar sus recursos y diseñar e implementar sus políticas habitacionales no puede dejar de tener en cuenta la manda constitucional contenida en el artículo 31 de la Constitución local, o sea que , debe respetar las prioridades que la propia constitución le establece, y en ese marco, programar una política de estado que le permita solucionar progresivamente el déficit habitacional existente, comenzando por aquellas personas que se encuentran contempladas en las situaciones consagradas constitucionalmente.

Pero por sobre todo, las personas deben tener acceso a la vivienda porque éste es un derecho. Esta consagración de la vivienda como un derecho se inscribe en un escenario internacional (el del derecho internacional de los derechos humanos) que despoja a la vivienda de su calidad de simple demanda moral supeditada a la buena voluntad de los poderes públicos, para consagrarla, desde la lógica del derecho, como un mandato vinculante que genera obligaciones jurídicas para los Estados.

El derecho a la vivienda no surge de bases morales o de simples interpretaciones teóricas; por el contrario cuenta con un universo importante de normas jurídicas, tanto de derecho internacional como del derecho local, que establecen qué debe entenderse por vivienda y cuáles son las obligaciones de los poderes políticos, en el marco de una gestión responsable.

Sin embargo, el escenario local es totalmente desalentador. Por un lado, existe un marco político que desde el ejecutivo porteño se desarrolla con serias deficiencias tal como ha sido comentado anteriormente, escaso o nulo desarrollo de políticas sociales y una ciudad a punto de estallar cuando otros derechos conexos con la vivienda se encuentran en juego: educación, salud y alimentación.

Por otro, a nivel jurisprudencial, el máximo tribunal de la Ciudad (Tribunal Superior de Justicia) a partir del caso “Alba” ha entendido e interpretado que el derecho a la vivienda se satisface con el mero “refugio”. Es decir, según la interpretación de los jueces, el gobierno local no obra inconstitucionalmente si provee como única solución habitacional los denominados paradores a las personas que no acceden a la vivienda.

Ambos extremos y entendimientos por parte de dos de los tres poderes que integran el estado local, desalientan cualquier tipo de intento por generar y proponer opciones que permitan solucionar el problema de vivienda en la ciudad.

Sin embargo, con el derecho como fundamento, el acceso a la vivienda es y debe ser considerado como un derecho exigible frente a los poderes públicos. La consagración de la vivienda como un derecho para los ciudadanos importa la asunción de obligaciones por parte de los poderes institucionales.

Desde jóvenes por la Igualdad sostenemos que en tanto no exista una política que garantice el acceso a un vivienda digna tal como lo establece nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales a los cuales adhiere, la constitución porteña, las normas de vivienda locales y que por lo tanto los desalojos sean una práctica constante, la ciudad continuará retrocediendo en aquellas luchas y logros que alcanzó con su autonomía, al sancionar su carta constitucional, las normas locales desde legislatura y al generar innumerable jurisprudencia al respecto desde las primeras y segundas instancias judiciales, incluso, desde el máximo tribunal mencionado, que históricamente exigieron a los gobiernos de turno disponer de sus recursos hasta el máximo disponible para brindar solución a aquellas situaciones de pobreza crítica y falta de vivienda.

El Estado tiene la responsabilidad de diseñar e implementar políticas destinadas a las personas afectadas por la crisis habitacional y las respuestas estatales a esta situación de emergencia son centrales para determinar el nivel de cumplimiento de las esenciales obligaciones jurídicas a su cargo.

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