Control. Patricia Bullrich (de pie en el centro), de la Coalición, confirmó que las fuerzas de la oposición quieren ser mayoría en las áreas encargadas de fiscalizar la gestión.
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EL CONTROL AL PODER
La oposición va en busca de las "armas secretas" que le da el nuevo congreso
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Son seis comisiones poco conocidas pero que permiten derribar un decreto, obligar al Gobierno a renegociar un contrato, revisar las cuentas públicas o controlar a la Secretaría de Inteligencia. El oficialismo apura la nueva Ley de Medios.
El Congreso esconde armas poco usadas pero que en manos de la oposición pueden ser letales para el Gobierno. Se trata de comisiones especiales de control que, sin dominio K, pueden obligar a la Casa Rosada a dar marcha atrás con un decreto de necesidad y urgencia, o a renegociar contratos con empresas de servicios públicos privatizados; incluso permiten poner la lupa en los más recónditos lugares de la contabilidad pública y acceder al detalle de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia.
La contienda por el manejo del Congreso aún no ha terminado. Si bien la oposición forzó al kirchnerismo a ceder la mayoría en todas las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, aún resta una negociación clave por sus implicancias directas en la gestión del Gobierno: quién copará las bicamerales especiales. Este último paquete de comisiones –que están integradas por diputados y senadores, bajo un régimen diferencial– no entró en el acuerdo cerrado y avalado en la sesión preparatoria del jueves pasado.
El arco opositor ya delinea un borrador que discutirá este miércoles en una reunión convocada para terminar de integrar todas las comisiones. Según confiaron a Crítica de la Argentina desde las bancadas de la Coalición Cívica, el radicalismo, el PRO y el Peronismo Federal exigirán que se respete la proporcionalidad del nuevo Congreso. Sólo quedarán exentas aquellas que, por ley, indiquen una conformación diferente.
“En las comisiones de control, claramente vamos a reclamar la mayoría. En las que son sobre relaciones bilaterales, administración y homenajes –como es el caso de las comisiones del Bicentenario, del Tratado con Chile, de Negociaciones Agrícolas Internacionales, entre otras–, podemos repartirnos la mitad cada uno”, dijo a este diario la diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich, una de las que participa de la letra fina del armado.
En total, hay 22 comisiones especiales. Pero las que más importan a los opositores son seis. Al tope de la lista está la bicameral de Trámite Legislativo, que debe pronunciarse por cada DNU emitido. De ser rechazado, algo que nunca pasó hasta ahora, dejaría sin efecto el decreto provocando un vendaval político en el Gobierno (ver aparte). Le sigue en el listado de prioridades la Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que tiene a su cargo la aprobación o no de la cuenta de inversión, es decir, cómo la Casa Rosada ejecutó el Presupuesto nacional. A través del manejo de esta comisión, la oposición podrá, además, modificar la agenda de trabajo de la Auditoría General de la Nación, que hoy está casi exclusivamente concentrada en análisis de estados contables que no se meten de lleno con la administración diaria. En los planes opositores, está solicitar más informes especialmente de las áreas de Vialidad, Obras Públicas y Energía.
Como nunca, la oposición podría paralelamente entrometerse en el oscuro mundo de los espías. De tener mayor injerencia en la Comisión de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, accedería a los gastos reservados de la SIDE y controlaría si se usan para la finalidad prevista, una rendición exigida por ley que jamás ocurrió. Además, está facultada para requerir a la Dirección de Observaciones Judiciales –más conocida como “Ojota”– y a las compañías telefónicas el listado de las “pinchaduras” para luego cotejar cuáles cuentan con el oficio judicial correspondiente.
El manejo opositor de la Comisión Bicameral de la ley 25.561 –de Emergencia Pública– también podría traerle dolores de cabeza a la Presidenta. Ese cuerpo tiene una sola pero importantísima facultad: aprobar las renegociaciones de los contratos entre el Estado y las empresas privatizadas. Sin problemas, el oficialismo consiguió hasta ahora luz verde para todos. Entre los pocos que quedan, hay algunos de alta relevancia, como los de los monstruos Telefónica y Telecom.
La Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social es otra estratégica. Creada después de la estatización de las jubilaciones, monitorea de cerca los recursos de la ANSES, puede acceder a información detallada y observar las inversiones que realiza el organismo. Una de las más activas integrantes fue Fernanda Reyes (Coalición Cívica), quien denunció por administración fraudulenta al ministro de Economía, Amado Boudou, por la compra de bonos con fondos previsionales a valor más alto que el del mercado. Por último, la Comisión Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, la que controla la instrumentación de la ley de medios, es de crucial importancia opositora.
En el oficialismo confían en que la oposición no logrará acordar puertas para adentro una estrategia para controlar las comisiones bicamerales porque son más pequeñas –de entre 12 y 16 miembros de ambas cámaras–, e históricamente se repartieron entre peronistas y radicales, excluyendo al resto. “No van a contar con tanto apoyo de los partidos más chicos”, especuló ante este diario una fuente del bloque K. Desde la oposición, lo refutan. “Nuestra intención es abrir la participación a las fuerzas pequeñas”, sostuvo la diputada de PRO, Paula Bertol.
UN ROUND APARTE POR LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA.
En la sesión preparatoria del jueves pasado, se discutió la conformación de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, más conocida como la “Comisión de los DNU”. Este cuerpo está regido por la ley 26.122, que fue sancionada en 2006 e impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y ahora podría volvérsele en contra.
“Exigimos la inmediata conformación de esta comisión porque tenemos la sospecha de que el Gobierno va a utilizar este mecanismo durante el verano”, sostuvo el jefe del Peronismo Federal, Felipe Solá.
Esa comisión es clave: debe pronunciarse sobre los decretos de necesidad y urgencia y las atribuciones delegadas al jefe de Gabinete. Cada DNU presidencial debe enviarse dentro de los diez días hábiles al cuerpo. Y los legisladores tienen que emitir dictamen en los siguientes diez días. De esta forma, si la oposición tuviera mayoría, podría dar de baja decretos emitidos por CFK. Si la comisión no dictaminara en el plazo establecido, se trataría en el recito de ambos cuerpos, que deberán emitir una resolución. Entre los últimos DNU del Gobierno, están la asignación para hijos de desocupados y trabajadores informales y la ampliación presupuestaria por 24 mil millones de pesos. Medidas de este calibre podrían ser contrarrestadas por la oposición.
Fuente: La oposición va en busca de las "armas secretas" que le da el nuevo congreso - Critica Digital - 06/12/09
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