A 10 años del 19 y 20 de diciembre la única salida es más democracia
Hoy 20 de diciembre del 2011 se cumplen 10 años de la brutal represión policial que dejó 39 muertos a lo largo y ancho del país. A una década de esas trágicas 48 horas, en las que el poder político gobernante y opositor de aquel entonces quisieron silenciar con violencia la voz popular que exigía poner fin a tantos años de corrupción, complicidad y concentración de la riqueza, desde la agrupación Jóvenes por la Igualdad del partido Coalición Cívica - ARI venimos a pedir juicio y castigo a los responsables de dicha masacre y del mismo modo venimos a repudiar la media sanción de la Ley Antiterrorista impulsada por el Gobierno Nacional.
La democracia implica el respeto de la diversidad de posiciones y de ideas, necesita de la construcción con las minorías. El ejercicio real de la democracia no puede concebir la criminalización de la protesta social, no puede permitirse el uso de la violencia como modo de acallar las voces disonantes con los gobiernos. El derecho a la protesta es el primer derecho porque es el derecho a clamar por los derechos. Una democracia autentica no puede correr el riesgo de confundir la protesta con la extorsión, no puede correr el riesgo de amedrentar penalmente el reclamo ciudadano, menos aún en las condiciones sociales de la Argentina.
Las condiciones socio-económicas han cambiado desde aquel 2001, sin embargo existen hoy en nuestro país niveles de pobreza extrema que son tapados sistemáticamente por medio de la manipulación de los números oficiales. Se ha montado un discurso de crecimiento sin dar cuenta del verdadero estancamiento en la recuperación social de la Argentina, ocultando así la real problemática de casi el 30% de la población. Hoy la manifestación de la problemática social tiene otros matices, estando más vinculada a la crisis habitacional, a la defensa de la tierra y la protección de los recursos naturales. Con ellas han cambiado también la modalidad del accionar represivo aunque siempre respondiendo al mismo criterio antidemocrático de silenciar los cuestionamientos a un sistema que reproduce desigualdad.
Las estructuras corruptas y mafiosas del aparato represivo policial no ha sido desmontadas. Son sistemáticas las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad de todo el país, ya sea reprimiendo la protesta social, torturando personas privadas de su libertad o mediante el tristemente conocido gatillo fácil, prácticas habituales que son llevadas adelante con la connivencia de un sistema político que garantiza impunidad. A 10 años no ha habido ningún condenado por los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001, esta es la más clara evidencia de la impunidad al sistema represivo.
No olvidamos que fueron 39 los asesinados, la gran mayoría jóvenes, que habían salido a protestar frente a un gobierno cuya única solución al estallido social era la represión policial y el Estado de sitio. Nosotros no nos olvidamos del significado de la represión en la Argentina, ni del origen de la organización represiva hoy vigente. La semana pasada la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto enviado por el gobierno nacional para agravar al doble las penas en causas bajo el ambiguo criterio de “aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, dejándose abierta una amplia discrecionalidad y arbitrariedad que pone a la protesta social en serio peligro de ser criminalizada; así se confunde la protesta con la extorsión.
Dado el contexto de estancamiento en la recuperación social del país, la crisis internacional, la creciente conflictividad de las protestas respecto a la concentración de las tierras, el desplazamiento de los pueblos originarios y la explotación contaminante de los recursos naturales, y entendiendo como se configura el actual aparato represivo estatal; consideramos que el proyecto de Ley Antiterrorista constituye una amenaza al derecho de protesta y a la defensa ciudadana de los derechos que la Constitución Nacional reconoce.
Por ello, desde Jóvenes por la Igualdad repudiamos este proyecto que responde a la avanzada autoritaria de los gobiernos frente a su incapacidad y falta de voluntad de dar respuestas a la demanda social. Haber votado hoy esta ley implica desconocer la historia de la represión en la Argentina y los riesgos que conlleva otorgar una arbitrariedad absoluta para la criminalización de actos de reclamo en el actual contexto social. Por la memoria de quienes cayeron en diciembre de 2001 reivindicando cambios en el entramado social y económico de la Argentina, exigimos al Senado de la Nación el rechazo de dicho proyecto de ley.
Jóvenes por la Igualdad
Partido CC-ARI.
