Un dictamen contra la Corrupción...

Dictamen para elevar penas por corrupción

Avanza un acuerdo en la Cámara baja

Oficialismo y oposición avanzaron ayer, en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, en un dictamen que dispone elevar las penas de prisión a aquellos funcionarios públicos que se involucren en hechos de corrupción, al tiempo que propone sancionar con fuertes multas a aquellas empresas privadas que participen en esos hechos ilícitos.

El dictamen, si bien fue acordado en sus grandes trazos, tuvo algunas disidencias parciales del radicalismo y del oficialismo, mientras que el bloque GEN, de Margarita Stolbizer, firmó en contra. Pese a estas diferencias, se descuenta que la iniciativa -promovida por el presidente de la comisión, el diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica)- será aprobada en general en el recinto, cuando se discuta el mes próximo.

Con este proyecto, que modifica varios artículos del Código Penal, los diputados se proponen adecuar la legislación actual con la Convención Americana contra la Corrupción, ya suscripta por nuestro país En ese sentido, la iniciativa propone subir la escala penal -con un piso punitivo de cuatro años de prisión- cuando los hechos de corrupción sean cometidos por funcionarios públicos elegidos por el voto popular, o bien se trate de personal jerárquico o funcionarios de organismos de control.

Esta suba de pena también afectará a quienes, desde la función pública, afecten con su acto de corrupción la prestación de servicios públicos.

El diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR) planteó una disidencia en este capítulo. "Me parece razonable elevar la pena máxima, pero no creo conveniente la elevación de los mínimos por el impacto que podría generar sobre la privación de libertad durante el proceso", sostuvo.

Asimismo, se incorpora la sanción económica de las personas jurídicas involucradas en hechos de corrupción. En este sentido, se establece un régimen sancionador que va desde la imposición de multas hasta la clausura de la empresa, pasando por la suspensión de sus actividades e intervención judicial o la disolución.

Por otra parte, el proyecto incorpora la figura del arrepentido, con el propósito de que aquellas personas que estuvieran involucradas en los hechos punibles puedan someterse a la Justicia denunciando la ilicitud y con ello reducir la punibilidad de sus actos.

Fuente: Dictamen para elevar penas por corrupción - La Nación - 16/06/10
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