Exclusivo: Cambia de juzgado causa sensible al oficialismo. Manipula el kirchnerismo expediente por lavado de dinero
La justicia federal es siempre prenda de los gobiernos de turno. Este gobierno, el más corrupto de las ultimas décadas, hace y deshace a su antojo, y controla la Justicia más que ninguno.
Tanta es la impunidad que el poder se ejerce con absoluto despotismo. Muchas son las pruebas de ello: el control del Consejo de la magistratura, de la Procuración General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante el manejo discrecional del presupuesto que se afecta a la Justicia, a pesar de los continuos reclamos de la CSJN por lograr la autarquía judicial, cosa que no se logrará, al menos en este gobierno que tiene como objetivo mantener el control de la justicia para no marchar presos.
Hay un nuevo hecho preocupante que evidenciar. La muerte de los "empresarios" de Gral. Rodriguez, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, dio punto de partida a la causa denominada "mafia de los medicamentos" y también a la de irregularidades en el financiamiento del partido Frente para la Victoria para las elecciones presidenciales del año 2007. Este último expediente nace al ser publicada una lista de aportantes de campaña, donde aparecía Seacamp S.A., de Forza y la empresa Global Pharmacy de Gabriel Brito, persona que, al verse en la nómina, comenzó a patalear tras negar haber invertido un solo peso en dicha campaña. Su abogado, Alejandro Sánchez Kalbermatten —letrado de algunos de los periodistas de este medio—, ha asistido a Brito en las testimoniales que prestara el pasado 16 y 17 de septiembre ante el Juzgado Federal de la Dra. María Romilda Servini de Cubría en conexión con las irregularidades en cuestión.
Como es público y notorio, el entonces Jefe de Gabinete del actual gobierno, Alberto Fernández, designó al Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Cappaccioli como el "Recaudador" y a su vez, a Sebastián Gramajo y Hernán Diez, dos presuntos inmaculados jóvenes del PJ porteño como responsables financiero y pólítico del Frente para la Victoria.
La función de Gramajo y Diez era la de percibir los aportes, registrar sus titulares y controlar que no se vulnerara la Ley de financiamiento electoral. Sin embargo el escándalo de la mafia de los medicamentos, que diera lugar a la muerte de los empresarios y a que se revelara que muchos aportantes eran supuestos, dado que se habrían utilizado nombres y DNI truchos (y de muertos incluidos), dio lugar a la radicación de numerosas causas en la Justicia Federal de sumo interés político, y a grandes controversias en torno a cuál o cuáles jueces debían intervenir en estas atractivas causas mediáticas. (...)
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